Ponencia del Hon. William Miranda Torres, Alcalde de Caguas en las Vistas Públicas Regionales ante la Comisión Total del Senado

Ponencia del Hon. William Miranda Torres, Alcalde de Caguas en las Vistas Públicas Regionales ante la Comisión Total del Senado sobre la situación de los municipios de P. R.

jueves, 25 de abril de 2019

Comparece ante esta honorable Comisión Total del Senado de Puerto Rico, el Alcalde del Municipio Autónomo de Caguas, William Miranda Torres.

Quiero agradecerles esta oportunidad que nos brindan a todos los ejecutivos municipales de comparecer ante ustedes para expresarles nuestras preocupaciones sobre las situaciones por las que atraviesan nuestros gobiernos locales. Los retos que enfrentan los municipios ante la crisis fiscal del Gobierno Central y de la economía de nuestra isla han redundado en terribles limitaciones y en desafíos extraordinarios y casi insuperables al nivel del gobierno más cercano de nuestros ciudadanos.

Son las alcaldías las que han tenido que ir brindando los servicios que el gobierno ha dejado de dar a los ciudadanos, especialmente a los niños, a las personas de edad avanzada y a todos aquellos que son cada vez más vulnerables y necesitados.  Ante la falta de atención del gobierno central y ante las dificultades y recortes en las estructuras regionales de los departamentos estatales, los municipios hemos tenido que entrar a asumir esas responsabilidades con cada vez menos recursos.

Esto incluye desde programas deportivos y actividades culturales, hasta arreglos de carreteras estatales y de mantenimiento y ornato de las áreas verdes de estas vías públicas, que sin el esfuerzo que realizan los municipios estarían salvajes y creando riesgos a la seguridad de los ciudadanos. Sumamos transportación escolar como otro de los muchos campos en que los municipios han asumido responsabilidades del Estado sin recibir la totalidad de los recursos que se necesitan. Peor aún, hemos tenido, sin contar con la obligación ministerial y ante la creciente ola criminal que vive el País, que dar la mano, de manera significativa y en aumento, en la labor de vigilancia y seguridad de nuestros sectores y vecindarios.  Y todo este abandono de responsabilidades estatales se ha agravado enormemente desde el paso de los huracanes del 2017, que de por sí y ante los daños sufridos por los ciudadanos y la poca preparación del Gobierno Estatal arrojaron una labor enorme en las espaldas de los gobiernos municipales.

Como alcalde de Caguas he estado junto a otros colegas de ambos partidos dando la batalla para mantener con vida los municipios. Sobran razones históricas, culturales, económicas, sociales y geográficas que pesan fuertemente para no dejar de ser lo que somos y convertirnos en otra cosa que no somos.  Es momento de reconocer que hay remedios alternos, distintos y viables para fortalecer los municipios.

Sin embargo, debo indicar que lamentablemente, ante la crisis fiscal que vive el país, la Administración central ha revivido el recetario de medicinas amargas, tóxicas y totalmente alejadas de sus pacientes.  Lo que en otros momentos se recetó para el Gobierno Central, en esta ocasión se presenta como remedio para nuestras unidades administrativas locales.  De hecho, se ha llegado al punto de señalar que no es viable tener 78 municipios por las actuales condiciones fiscales y propone cerrar o consolidar municipios y crear una nueva estructura (condados), con una capa adicional de burocracia, separada de los municipios y de la gente, que es lo más importante aquí.  Las regiones, a nivel central, han demostrado que no son efectivas ni eficientes en sus servicios. Para justificar esto, se utiliza como excusa que en cinco años los municipios estarían, de todos modos, muchos de ellos inoperantes, si no modifican sus estructuras.

Esta propuesta es contraria a la presentada por el Gobernador en el Plan para Puerto Rico 2016, en la página 79-80 “Línea Directa a los Municipios” y cito: “Los municipios son la forma más directa de darles servicios a los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno central es el encargado de proveer la mayoría de los servicios que necesitan nuestros ciudadanos. A su vez, los municipios no siempre tienen los recursos y el apoyo del ejecutivo para cumplir con las expectativas de sus residentes. Estableceremos una línea directa para estrechar la cooperación entre el gobierno central y los municipios, de manera que se rindan más y mejores servicios a los ciudadanos. Esta línea directa con el gobierno central contempla traspasar servicios a los municipios, facilitar la accesibilidad a los programas que ofrecen las agencias, ofrecer apoyo técnico, dar mayor acceso a recursos externos y facilitar la identificación de fondos federales, entre otros servicios. Esta iniciativa logrará otorgar servicios a menor costo y más rápidamente, eliminando la burocracia del gobierno estatal”.

En ese mismo Plan, el Gobernador propone desarrollar Consorcios. En las páginas 81-83 establece lo siguiente: “Actualmente, la mayoría de los municipios no cuentan con la población requerida para acceder directa e independientemente a fondos federales. Un ejemplo de esto son los fondos del “Community Development Block Grant” que tienen que ser administrados por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) para los municipios pequeños. La alternativa de los consorcios intermunicipales permitirá lograr que los municipios puedan acceder y competir más directamente por una gran cantidad de fondos federales adicionales. Los Consorcios Intermunicipales tienen como objetivo mejorar en la producción  y servicios directos a la población de Puerto Rico, de manera costo efectiva y en un marco de justicia social. Por ejemplo, recogido y disposición de desperdicios sólidos, ornato, mantenimiento de carreteras y estructuras públicas, servicios clericales y administrativos, entre otros. Los alcaldes podrán convenir un sinnúmero de posibles acuerdos que les resulten convenientes a los ciudadanos. Crearemos consorcios intermunicipales como una alternativa viable para racionalizar el uso de los recursos y aumentar la capacidad de cooperación en las políticas públicas estatales y municipales. Este concepto colaborativo redundará en más y mejores servicios a la ciudadanía, economías al fisco y acceso a nuevos recursos federales. Los consorcios facultarán a los municipios para que puedan colaborar entre sí aportando cada cual sus ventajas y minimizando sus debilidades. Incentivaremos, mediante ley, la creación de estos consorcios para que los municipios puedan colaborar entre sí aportando cada cual sus ventajas y minimizando sus debilidades”.

Obviando todo lo anterior, lo que ahora se pretende es copiar el modelo estadounidense de los llamados condados y que en otros países latinoamericanos y España se denominan provincias. Por otro lado, parece ignorar que en esas otras jurisdicciones, particularmente en Inglaterra, que es de donde surge el concepto de “counties”, el término condado viene históricamente desde la Edad Media de terrenos de grandes dimensiones, casi siempre mucho mayores a las de Puerto Rico entero, otorgados por la corona de Inglaterra a nobles para que le representaran a éstos ingresos por rentas. Fueron cedidos a esos nobles en pago por su lealtad y servicios a los soberanos que los premiaron.  Aunque con el tiempo en algunos lados se llegaron a convertir en especies de estructuras administrativas, su tradición y función es muy distinta a la tradición y la dimensión de nuestro país.

El concepto no es solo totalmente ajeno a nuestra historia de varios siglos asociada a España y a las tradiciones centenarias que esta legó en Puerto Rico, sino que ignora las razones para la fundación de los municipios en la isla desde la propia colonización, que era la de dotar de un nivel de gobierno propio y de provisión de ciertos servicios a los residentes de una villa cuando ya contaban con la población suficiente para sufragar ciertos gastos comunes, como el costeo de una parroquia y de un cabildo.

Esa larga tradición de entidades municipales llamadas cabildos, allá y aquí, introdujo en América Latina y en los terrenos españoles de ultramar un esquema local de gobierno que lleva más de medio milenio en operación.  Ahora bien, si en países hispanos existe el concepto de provincias como unidades administrativas regionales, lo cierto es que la dimensión entera de Puerto Rico no requiere de esta alternativa. Ni siquiera el gobierno colonial de los Estados Unidos al invadir a Puerto Rico en el 1898 interfirió con los municipios.

Sencillamente no es necesario, cuando ya nuestro propio ordenamiento provee para alternativas que pueden surgir de los mismos municipios para aliarse por diversas razones para sufragar ciertas operaciones en conjunto, brindar ciertos servicios adicionales a los ya brindados por los municipios y emprender nuevas tareas de manera compartida.  La solución no es zafarse a la trágala de tareas que corresponden al estado sino de crear los mecanismos de participación y financiamiento adecuados y necesarios para que los municipios, en grupos diseñados por ellos mismos o individualmente, si su tamaño y población lo permiten, puedan asumir esas tareas que el estado quiera delegar de manera viable y ordenadamente.

En este aspecto se debe abrir un diálogo serio, responsable, respetuoso y abierto entre los municipios y la Asamblea Legislativa para pensar con profundidad y detenimiento cómo viabilizar esos cambios.  Habiendo ya demostrado su incompetencia en diversas áreas, el estado no debe encaminarse por un rumbo desacertado y equivocado de imposición que no tiene base ni fuente en nuestro ordenamiento legal y constitucional.

El rumbo acertado tiene que partir no de un intento estatal de deshacerse de tareas y responsabilidades para ahorrarse dinero y pasarle las sobras de esos ahorros a los municipios para que se encarguen del desastre resultante, sino de un serio y responsable intento de buscar un nuevo esquema de gobernanza con un balance adecuado entre el nivel local y estatal de ofrecimiento de servicios básicos a la ciudadanía teniendo en cuenta que Puerto Rico no tiene las dimensiones de Tejas, Alaska, California, Pennsylvania, Florida y otros estados extensos que no se comparan a nuestra realidad.

En esa dirección es importante mirar la realidad que confrontamos actualmente como municipios. Quiero pasar, por lo tanto, a nuestra situación particular en Caguas.

No podemos ignorar la deuda monumental de sobre $70,000 millones a nivel estatal y una economía sin señales de recuperación que provocaron la insolvencia de prácticamente todas las agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico.  Sin embargo, ante esta situación, el Gobierno Central de forma inesperada e inexplicable ha optado por echar mano de los ingresos municipales para intentar resolver el descalabro financiero por el que atraviesan.

De esta forma provocaron que los municipios hoy día no cuenten con los recursos financieros suficientes para ofrecer todos los servicios que demanda la ciudadanía e inclusive para subsistir.  Le quitaron dinero a los municipios y que pertenecían a éstos.

Hace unos años exigieron que los municipios usaran el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para depositar sus fondos.  Luego se creó la Corporación para el Financiamiento Municipal (COFIM), a través de la cual le quitaron a los municipios el flujo de efectivo que generaban los ingresos del IVU Municipal para beneficiar al BGF.

En el Municipio de Caguas hemos hecho ajustes a lo largo de los pasados años y no hemos tenido que despedir empleados municipales o reducir la jornada laboral. Entre las medidas que hemos tomados se encuentra el retiro temprano e incentivando en el año fiscal 2014-2015 que nos generó una economía total anual de $5.3 millones.

Luego, poco a poco vimos como la “llave” se fue cerrando.  Cada vez que solicitábamos retirar dinero del BGF o requeríamos al Departamento de Hacienda el pago de las multas otorgadas en Caguas, o pedíamos los dineros otorgados mediante alguna Resolución Legislativa, éstos no llegaban o tardaban demasiado en ser transferidos.

Así comenzó el año fiscal 2017-2018; con una Junta de Control Fiscal (JCF) supervisando los aspectos financieros del Gobierno Central, al amparo de la Ley PROMESA, y con un Plan Fiscal cuyas medidas constituyen un golpe mortal para los municipios y para muchos otros sectores que no son responsables de la crisis.

Comenzamos el año fiscal 2017-2018 sin haber tenido acceso a los dineros de la Contribución Adicional Especial (CAE) depositados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).  Dichos fondos debieron estar disponibles para nuestro Municipio, pero claramente fueron mal usados y mal gastados por el Gobierno Central.

Nuestro Municipio contaba con $25 Millones en el BGF. Debido a la crisis financiera del Banco, no tuvimos acceso a estos recursos para cubrir parte de las obligaciones presupuestarias del año fiscal 2016-2017.

Por otra parte, el año fiscal 2017-2018 también comenzó con la primera fase de eliminación de las transferencias de fondos a los municipios por alrededor de $130 Millones, según dictaba el propio Plan Fiscal del Gobierno.  Les llaman “subsidios“ aunque en realidad son ingresos municipales que se procesan a través de agencias estatales.  Este ajuste monumental, en su primera fase, impactó principalmente a los municipios que generan más recursos.  Para el Municipio de Caguas esta medida representó un recorte presupuestario de $8.5 Millones anuales.

A esto debemos añadir que los municipios llevamos varios años recibiendo el impacto de diversos cambios a las Leyes de Retiro.  El cambio más reciente se aprobó mediante la Ley Núm. 106 del 23 de agosto de 2017, la cual estableció el cargo conocido como “Pay Go(Pay as you go) a partir del 1 de julio de 2017.   En síntesis, esta Ley establece que cada entidad gubernamental debe pagar al Sistema el monto que corresponde al beneficio corriente de sus respectivos retirados.  El Pay Go representa una carga para nuestro Municipio de sobre $6.0 Millones anuales.  Dicha obligación para muchos municipios es insostenible.

Ante este escenario, desarrollamos medidas de ajustes y control de gastos, así como también medidas para generar ingresos adicionales.

Entre las medidas fiscales y control de gastos adicionales que tuvimos que implantar podemos destacar las siguientes:

  1. Política de Control de Gasto Personal – Esta medida nos permitió mantener el gasto de nómina por debajo del 42% del presupuesto municipal.
  2. Ajustes al Bono de Navidad y los Excesos de Licencia de Enfermedad – Pospusimos el pago de los excesos de días de enfermedad que acumulan los empleados municipales y reducimos el Bono de Navidad de $1,000 a $800.
  3. Política de Control de Gasto General y Disciplina Fiscal – con esta medida se establecieron prohibiciones específicas de gastos para mantener los mismos bajo control y garantizar que los recursos disponibles se utilicen exclusivamente para prestar servicios esenciales.
  4. Ajustes presupuestarios – Se realizaron recortes presupuestarios que fluctuaron entre 10% y 50% en varias partidas o renglones de gastos.

En pleno proceso de lidiar con las dificultades financieras fuimos impactados por los Huracanes Irma y María.  Estos eventos impactaron severamente las finanzas de nuestro Municipio, provocando una merma significativa en los ingresos y afectando seriamente el flujo de efectivo.

  • Medidas de Emergencia y Recuperación

Conscientes de que los beneficios del seguro y las ayudas federales demorarían un tiempo indefinido, nos vimos en la obligación de reajustar significativamente el presupuesto municipal con el fin de alinearlo a las prioridades del momento.  Del presupuesto general de gastos utilizamos $11.5 Millones para ejecutar las medidas de recuperación, tales como:  abrir brecha en las carreteras, recoger y disponer del material vegetativo y otros escombros, comprar alimentos, equipos, materiales y suministros de operación, entre otros usos.

Estos reajustes presupuestarios conllevaron cancelar un gran número de contratos de servicios profesionales; disminuir la frecuencia con la que se prestan ciertos servicios de mantenimiento en la Ciudad; y cancelar o posponer varios programas y servicios, tales como:  los incentivos a porteadores públicos, el recogido de material reciclable casa por casa y las aportaciones a entidades sin fines de lucro, entre otros.

De los $11.5 Millones, hasta el momento, FEMA nos ha reembolsado $7.7 Millones.  Todavía falta que nos transfieran $3.8 Millones.

  • Pérdida de Ingresos

Ante los efectos que tuvieron los desastres naturales del 2017 sobre la actividad comercial, implantamos medidas para apoyar a los empresarios cagüeños reconociendo que un gran porcentaje de éstos no estaban en posición de cumplir con el pago de contribuciones y otras obligaciones con el Municipio.  Estas medidas incluyeron la concesión de moratorias, planes de pagos, prórrogas y exenciones en algunos renglones, tales como:  arbitrios de construcción, exacción por impacto, rentas, licencias, entre otros.  También a nivel central se implantaron medidas para apoyar a los consumidores.  Estas incluyeron el eximir del cobro y pago del IVU a los pequeños y medianos comerciantes, así como en la venta de alimentos preparados.  Estas medidas, aunque facilitaron el proceso de recuperación de los empresarios y consumidores de la Ciudad, también representaron una pérdida de ingresos para el Municipio por aproximadamente $14 Millones.  Dicha pérdida impactó tanto el Fondo General como otros fondos especiales locales.

Ante la merma en el flujo de efectivo, actuamos diligentemente hasta lograr la aprobación del préstamo de desastres, conocido como “Community Disaster Loan” (CDL) bajo el Programa de Asistencia Pública de FEMA.  El mismo se caracteriza por estar sujeto a unos términos de financiamiento sumamente flexibles y a una tasa de interés preferencial.  Nos aprobaron para el mismo $5 Millones, cantidad máxima que se otorga bajo dicho programa federal.

  • Trabajos de Reconstrucción

Los trabajos de reconstrucción o reparaciones a la propiedad e infraestructura municipal dañada por el impacto de los huracanes al día de hoy se estiman en $186.1 Millones.  Dichos estimados contemplan el cumplimiento con los nuevos códigos de construcción, el alza en los costos de materiales y otros aspectos de mitigación. Para poder realizar estos trabajos dependemos estrictamente de los beneficios del seguro y las ayudas federales que otorga FEMA bajo el Programa de Asistencia Pública.  Sin embargo, al día de hoy tan solo hemos recibido $4.6 Millones provenientes de la compañía aseguradora y ningún pago por parte de FEMA para estos propósitos.

La siguiente tabla ilustra los cambios a las finanzas de nuestro Municipio; los dos años más recientes impactados por la insolvencia del BGF y el Huracán María, respectivamente.

Por otra parte y sobre el proceso de reconstrucción después de María, conforme al proceso de participación ciudadana para el desarrollo del Plan de Acción para los fondos CDBG-DR, nuestro Municipio participó de la Vistas Públicas del 7 de marzo de 2018 y el 19 de octubre de 2018. Luego de revisado el Plan de Acción elaborado por el Departamento de Vivienda Estatal, entendemos que, de las cinco propuestas presentadas por el Municipio de Caguas, tres fueron seleccionadas para desarrollar varios de los programas vertidos en el Plan de Acción.  No obstante, aunque agradecemos que se haya aceptado que, en ciertos programas, los Municipios podamos ser subrecipientes y participantes bajo competencias basadas en capacidad y experiencia, entendemos que en otros programas pudimos haber sido subrecipeintes directos para atender con mayor agilidad a nuestra población. Al igual, que el poder ejecutivo y legislativo nos comprometemos en alcanzar un Puerto Rico más resiliente y sustentable. Pongo a disposición del Estado, las guías de programas similares preparados y manejados por nuestra Administración para los fondos CDBG que nos son asignados anualmente. Quizás estos documentos los ayuden agilizar los procesos y replicarlos para el bien de todo el país.

No obstante, no nos hemos quedado cruzados de brazos y un grupo de alcaldes estamos trabajando alternativas para allegar ingresos nuevos a los municipios. Entre esas alternativas están que los dineros que los municipios pagan para cubrir la deuda del Estado (1.03%); la Reforma de Salud; y el “Pay Go” (el pago a los actuales retirados) entren al Fondo de Equiparación hasta garantizar los mismos ingresos que tuvo dicho fondo en el 2016-2017.  Luego, cualquier sobrante que surja en dicho fondo, se distribuya a los municipios en proporción a los ingresos que cada cual depositó en el mismo.

Por otro lado, si se restablecieran las facultades, prerrogativas y espacios consagrados a los municipios en la desangrada Ley de Municipios Autónomos, hoy y progresivamente en los próximos años nuestros pueblos serían más atractivos, seguros y eficientes en la administración de sus recursos. A la vez, serían más exitosos en atraer nueva inversión, ampliar las existentes, y retener actividad productiva con buenos servicios municipales. Precisamente en esa dirección hay una medida originada en el Senado que busca darle más poderes a los gobiernos locales para tener la facultad de negociar directamente con los inversionistas sobre cobros, patentes, contribuciones a la propiedad y arbitrios para atraerlos.

Finalmente, creo esencial que nos concentremos en desarrollar mecanismos de alianzas regionales entre municipios mediante los consorcios establecidos en la Ley de Municipios Autónomos o con mecanismos que surjan de los propios municipios para viabilizar la generación y obtención de mayores recursos que permitan sufragar los servicios que necesitan los residentes, cerca de dónde ellos se encuentran, no creando nuevos niveles de burocracia.  Es decir, alianzas o nuevos esquemas de colaboración que surjan del propio nivel local, no diseñados ni impuestos de arriba. Y lejos de acoger la idea de los condados, tradición inexistente e innecesaria en Puerto Rico, donde en casi dos horas estás en cualquier parte de la isla, lo que necesitamos es juntar las capacidades de los que genuinamente conocen las necesidades del nivel municipal, para buscar soluciones prácticas que verdaderamente funcionen, pues lo cierto es que las tendencias actuales en el resto del mundo buscan llegar a los ciudadanos donde viven, no lo contrario.

Según el mundo se ha ido acercando e integrándose de diversas maneras económicas, comerciales, de transportación y comunicaciones y en términos culturales, curiosa y paradójicamente la reacción de la gente ha sido que se va apegando cada vez más a lo propio, a lo cercano, a lo local, a lo familiar y a lo conocido.

No olvidemos el hecho que en Puerto Rico todo nos queda relativamente cerca. Muchos vivimos en un extremo de la isla y trabajamos en el otro. Viajamos de un lado al otro todos los días. Pero la gente necesita los servicios básicos donde vive.  Y allí es que hay que llegar a la gente. La verdadera solución es fortalecer los municipios desde su propia base, apoyándolos de verdad, genuinamente, ayudándolos a mejorarse, buscándoles recursos para que puedan desempeñar su función más efectivamente, no quitándoselos, ni debilitándolos, y mucho menos amenazándolos con cerrarlos o eliminarlos. Eso sencillamente no tiene sentido.